Activistas exigen al Gobernador Marco Mena, sea responsable en sus afirmaciones respecto del delito de “trata” en la entidad.
- El Centro Fray Julián Garcés denunció la existencia de al menos 12 investigaciones de este delito; además de una variación de 54 denuncias que el Gobierno no está integrando en sus informes.
En el marco de una conmemoración más del “Día Mundial Contra la Trata de Personas” establecido por la ONU, Organizaciones de la Iniciativa Popular en articulación con la Academia comprometida contra la trata de mujeres y niñas a través del Centro Fray Julián Garcés, expuso de nueva cuenta como en los años recientes una serie de exigencias para combatir el delito de “trata” en la entidad e implementar mecanismos de protección a víctimas de este delito; ya que el Gobierno del Estado que encabeza Marco Mena Rodríguez no ha cumplido con tales peticiones.
Ante esto, y en conferencia de prensa activistas de dichas organizaciones expusieron un documento con dichas exigencias entre las que están:
Que el Gobierno del estado deje de minimizar la situación de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual; que urge la implementación de un programa educativo en todos los niveles escolares que permita una verdadera prevención de esta problemática; que el Gobierno Estatal asuma la responsabilidad de la atención a las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual a través de la creación de un refugio especializado y que se cree una Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, dotarle de ministerios públicos y policías ministeriales especializados, así como de los recursos humanos y materiales suficientes.
El documento manifiesta además que: El estado de Tlaxcala es uno de estos puntos locales que, desde la década pasada, ha sido identificada plenamente por diversas investigaciones académicas como un lugar donde redes de tratantes dirigen sus operaciones hacia diversos puntos de la república en 17 estados para captar y explotar sexualmente a mujeres y niñas en 14 estados, y hacia 8 ciudades en Estados Unidos de América donde también explotan a mujeres y niñas. Además, desde 2017 se tiene conocimiento de que, de acuerdo a la percepción ciudadana, 40 municipios del estado se encuentran afectados por la presencia de redes de trata, la existencia de víctimas o lugares de explotación.
Así mismo, los activistas recordaron que el pasado 23 de julio, en el marco de la inauguración del Foro “Estrategias para garantizar los Derechos Humanos en materia de Trata de Personas”, el gobernador del estado, señaló: “No queremos evadir responsabilidad ni minimizar el problema, pero así como buscamos cada vez más esforzarnos en erradicarlo, también deseamos que se aprecie en su magnitud e importancia correcta en otros lugares del país, para generar una perspectiva más balanceada”; además señaló que, desde su punto de vista, la información existente sobre la trata de personas está sesgada.
Ante lo cual precisaron: “Respecto a la magnitud de la problemática y el supuesto sesgo de la información señalado por el gobernador, le llamamos a que sea responsable en sus afirmaciones, pues, como hemos señalado, hay al menos 12 investigaciones que dan cuenta del problema en Tlaxcala y de sus impactos nacionales e internacionales. Señalamos que la información gubernamental que hasta ahora se ha presentado respecto a la problemática es sumamente difusa e incluso contradictoria.
“Podemos observar que, en los datos presentados por el Programa estatal contra la Trata, se elimina la información sobre las Actas circunstanciadas. Además, si consideramos la suma de actas circunstanciadas más las averiguaciones previas como el total de denuncias, entre el Programa estatal contra la Trata y el Diagnóstico de la CNDH, hay una diferencia de 54 denuncias. Esta variación de datos, informados por las instituciones gubernamentales, impide tener una idea clara de la magnitud del problema, y genera preguntas como el por qué existe esta variación de información, ¿se oculta?, ¿es resultado de una mala capacitación para registrar y atender de manera adecuada las denuncias? Obviamente, una de nuestras mayores preocupaciones es que una gran cantidad de personas no tuvieron ningún acceso a la justicia”, señala el documento.
Así mismo, el documento también contiene la siguiente información:
“En el periodo de 2011 a 2018, se lograron apenas 14 sentencias, esto evidencia la ausencia de resultados a nivel estatal en materia de investigación y sanción, por lo cual, como se ha informado a través de los medios de comunicación, se ha hecho necesaria la intervención federal e incluso internacional.
“Si el gobierno quiere hacer una crítica a los datos existentes deberá empezar por garantizar que sus instituciones sistematicen de manera adecuada la información. Como sociedad civil y academia, siempre estaremos en la disposición de discutir esta dolorosa realidad, siempre y cuando sea con datos fundamentados y en espacios científicos y académicos.
“Por lo que respecta a las acciones de gobierno ante la problemática, es importante señalar que no son el resultado de su buena voluntad y compromiso, como se quiere hacer ver, sino de la presión generada por la Solicitud de Alerta de Violencia de Género a la que se sometió al estado de Tlaxcala.
“Hasta el momento, las acciones realizadas por el gobierno del Estado no están coordinadas ni enmarcadas en el Programa Estatal contra la Trata de Personas, el cual, de acuerdo al artículo 44 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de los mismos en el estado de Tlaxcala, “definirá la política y estrategia estatal frente a los delitos en materia de trata de personas”. Llama la atención que el gobernador, hasta la fecha, no haya mencionado públicamente la existencia de este Programa, siendo que se elaboró, presentó y aprobó desde agosto de 2018.
“Para la elaboración del Programa Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los mismos 2018 – 2021, la sociedad civil y la academia, a petición expresa de la Secretaría de Gobierno, entregamos una propuesta en diciembre de 2017 a la Secretaría de Gobierno, en su calidad de Presidencia del Consejo Estatal contra la Trata de Personas. El 5 de enero de 2018 se presentó ante el pleno del Consejo Estatal contra la Trata de Personas, generándose el compromiso de que en los días siguientes sería aprobado y publicado; sin embargo, esto no fue así y no sólo se retrasó más de medio año la aprobación de este documento, sino que también se cambió la esencia de su estructura y contenidos, entre ellos los siguientes:
a. Se eliminaron los objetivos específicos e indicadores de impacto, lo cual impedirá medir los resultados concretos que se van dando en la problemática y sólo se medirá la realización de productos o actividades.
b. Se amplió el número de instituciones responsables de las estrategias, sin que se diga cuál será la institución responsable de coordinarlas, lo cual debilitará la implementación de acciones.
c. Se eliminó el capítulo “4. Seguimiento y evaluación”, y en su lugar se introdujo el “Eje 4 Coordinación de la administración pública”, lo cual elimina la esencia para que
la ciudadanía y la academia puedan aportar en el proceso de evaluación y mejoramiento al desarrollo del Programa
“Estos tres elementos modifican la esencia del documento que como sociedad civil y academia entregamos al Consejo Estatal contra la Trata de Personas. A pesar de ello, desde otros mecanismos estaremos dando seguimiento a su implementación y registrando sus impactos.
“Ante la gravedad que tienen la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y las otras formas de violencia hacia ellas; ante la actual debilidad en la implementación de la política pública, y en seguimiento a las conclusiones del grupo de trabajo respecto a la solicitud de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres:
· Urgimos al gobierno estatal, particularmente a la Secretaría de Educación Pública del Estado, a que desarrolle e implemente un Programa Educativo con el objetivo de prevenir la violencia y trata de mujeres y niñas. Este programa debe abarcar todos los niveles de educación obligatoria.
· Solicitamos al gobierno del estado garantice el registro adecuado, transparente y accesible de información respecto a la problemática.
· Solicitamos que se coordine eficaz y eficientemente con las instancias correspondientes en las acciones de prevención, protección-atención a víctimas y de sanción a perpetradores para garantizar una vida libre de trata y explotación sexual en Tlaxcala.
¡Nos queremos libres de Trata!
Atentamente: Organizaciones de la Iniciativa Popular en articulación con la Academia comprometida contra la trata de mujeres y niñas”.
