Columna: Hagamos que sea Posible
¿Denunciar o no denunciar? El riesgo de revictimizar a la víctima
Por Liliana Becerril Rojas
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Ser víctima, a la luz del Derecho, es ser en ente pasivo que recibe el daño de una conducta delictiva por parte del agresor. Este ente pasivo suele estar en desventaja física, emocional o circunstancial con respecto de quien lo somete. La experiencia suele ser traumática.
La recomendación por parte de las autoridades es presentar una denuncia a fin de que el agresor reciba la sanción correspondiente por su conducta delictiva. Teóricamente es lo ideal, mas en la práctica hay una serie de factores que suelen desalentar esta intención por parte de la víctima. Especialmente cuando su agresor tiene influencia en altas esferas políticas o de poder, ya que hay una amplia posibilidad de que la denuncie forme parte del archivo muerto, pero las represalias pueden ser mucho más severas. Es una realidad y es un escenario que nadie que viva una experiencia dolorosa como ser víctima de violencia, en cualquiera de sus formas, desea volver a vivir.
En el caso de los delitos políticos—electorales, las denuncias que suelen ser indispensables para investigar a los agresores suelen ser el equivalente a levantar una diana de tiro al blanco, así que difícilmente habrá quien se anime a denunciar a una persona o a un grupo que se encuentre en una posición de poder dentro del régimen. Esto crea un círculo vicioso que daña la credibilidad del Estado, del sistema de Justicia y a las instituciones. Por ello, es necesario romper con este ciclo viciado con reformas que consideren que los testimonios como videos públicos o difundidos en redes sociales se consideren como elementos consistentes para seguir un delito político electoral de oficio, con ello no se expone la integridad física de la víctima ni se deja impune el delito.
Se trata de una reforma indispensable para que los delitos que se cometen en las esferas políticas puedan ser perseguidos, juzgados y castigados con base en los principios legales aplicables, de manera que se cumpla el principio de igualdad contemplado por nuestra Carta Magna: nadie por encima de la ley.
La ciudadanía requiere involucrarse en estas iniciativas ya que sus garantías individuales son las que están en juego. Porque no es aceptable que un grupo de poder o los intereses partidistas sean los que delimiten los alcances de los derechos de las personas, sus libertades y sus aspiraciones; que el sistema de justicia exponga a la víctima ante un agresor poderoso solo para exhibirse y vulnerar tanto su propia persona, como a su familia y su patrimonio.
Los privilegios del poder terminan cuando los gobernados conocen sus derechos y los ejercen en las instancias correspondientes. Cuando los funcionarios cumplen con su compromiso tanto con el Estado como con la sociedad. Cuando los partidos políticos asumen el papel que les asigna la Constitución y no las redes de corrupción.
El cambio se gesta desde la ciudadanía y se concreta en las instituciones. Aprendamos a ser ciudadanos y a evolucionar como nación.
