Diputada propone modificar requisitos para aspirantes a comisionado de transparencia; pero seguirán atados al Congreso.
Con la finalidad de tener un ordenamiento homologado con la legislación federal, la Diputada Zonia Montiel Candaneda presentó en la sesión ordinaria de este martes, una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.
La Diputada Zonia Montiel Candaneda propuso en la sesión de este martes, una iniciativa para modificar los requisitos para aspirar al cargo de comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP-TLAX), y así «garantizar» que todos los profesionistas puedan participar en el procedimiento de elección, sin que sea una limitante la antigüedad en la expedición del título y cédula profesional de nivel licenciatura.
Sin embargo, el procedimiento general para elegirlos continuaría dependiente de los diputados locales; es decir con una autonomía de nombre, pero con una realidad dependiente de los legisladores.
Asimismo, la diputada local argumentó que, por razones de operatividad y eficiencia, además del Comisionado Presidente del Consejo General del órgano garante, los otros dos comisionados podrán tener la facultad de convocar a sesiones extraordinarias, siempre que se cumpla el supuesto de que la convocatoria tenga por objeto atender un asunto de urgente resolución y que dicha plenaria sea convocada por la mayoría de los comisionados ante la omisión del comisionado presidente.
Así también, justificó que la fijación de responsabilidades de los servidores públicos sea con base en lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y no en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado, toda vez que esta última normatividad dejó de ser aplicable en razón de la entrada en vigor del primer ordenamiento antes invocado, mismo que entró en vigencia a partir del 18 de julio de 2016.
Dentro de la propuesta planteada también consideró necesario integrar al ordenamiento estatal las causales por las que los comisionados deban excusarse del conocimiento de un asunto que se encuentre substanciando ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y que, en caso de omisión, sea el ciudadano el que recuse a dicho comisionado en razón de haber acreditado el interés que pudiera tener en el asunto.
Cabe mencionar que en el conflicto suscitado entre los anteriores comisionados del IAIP; éstos se vieron impedidos para que a través del Consejo General del instituto pudieran dar una solución al problema; por lo que los diputados tuvieron que resolver dichas diferencias donde decidieron quitar a los tres comisionados; resolución que fue muy cuestionada por las presuntas violaciones al procedimiento de juicio político por parte de varios diputados; por lo que la autonomía de ese órgano de transparencia quedó violentada.
