En México la democracia se ha ido construyendo a partir de la exclusión, dijo en Tlaxcala Magistrada del TEPJF.
Tlaxcala, Tlax., (Enrique Gasga).- Se realizó este lunes en la entidad, el Diálogo Democrático número 5 con el tema “Construyendo democracias interculturales: el respeto a los sistemas normativos indígenas”.
La Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, en Tlaxcala manifestó que aunque toda democracia debe ser incluyente; la democracia en México se ha ido construyendo a partir de la exclusión de diferentes sectores como las mujeres y los indígenas.
La magistrada expresó que la participación política de los indígenas no puede limitarse al ámbito local, sino que debe ampliarse a los espacios federales de toma de decisiones con cuotas afirmativas para la participación de ciudadanía indígena. Si bien recordó que el año pasado se crearon 13 curules para los indígenas, la participación de este sector no se encuentra prevista en ley, por lo cual debe solicitarse al Congreso de la Unión que legisle sobre el tema.
Otálora Malassis pidió implementar medidas afirmativas desde los tribunales electorales, con el propósito de establecer una cuota de postulación del 20 por ciento de diputaciones indígenas.
Lo anterior, durante la participación de la Magistrada en el estado de Tlaxcala durante el evento: Diálogo Democrático número 5 con el tema denominado “Construyendo democracias interculturales: el respeto a los sistemas normativos indígenas”, que tuvo como objetivo analizar los desafíos en la materia para fortalecer la impartición de justicia respecto de pueblos y comunidades que se rigen por sistemas normativos internos, que se llevó a cabo este inicio de semana en las instalaciones de la UAT.
Al respecto y con un llamado a abrir todos los espacios de participación política a las comunidades indígenas locales y federales, el Diálogo Democrático estuvo organizado por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la participación del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y del Tribunal Electoral de Tlaxcala.
En su intervención, la consejera del ITE, Dora Rodríguez Soriano, afirmó que el principal reto, desde la experiencia local, es atender la recomendación del comité contra la eliminación de toda forma de discriminación, que señala que la forma de participación sólo existe a través del sistema de usos y costumbres, siendo así el caso de Tlaxcala. Y es que aseguró que esta entidad federativa tiene elementos de sistemas normativos indígenas, los cuales deben ser retomados en el Congreso local para legislar sobre el tema.
Además, observó que pese a la reforma constitucional en su artículo 2, la legislación ordinaria aún no ha abonado en la forma de resolver conflictos entre comunidades indígenas. “La respuesta para armonizar es procurar una impartición de justicia con perspectiva intercultural”, dijo.
Por su parte, Iván Ramos Méndez, director en la Coordinación General de Derechos Indígenas del INPI, expresó que la participación y representación política de los indígenas han sido ganadas a través de sentencias por parte de los tribunales, sin embargo, subrayó que todavía queda en manos del legislativo reconocer a las comunidades con sujetos de derechos y obligaciones.
Señaló que armonizar no significa estandarizar, por lo cual es necesario reconocer al grupo comunitario como sujeto de derecho público, porque es el encargado de la toma de decisiones no sólo políticas, sino de la vida propia del grupo común. “Armonizar implica analizar, en cada caso concreto, quiénes son las partes en conflicto y por qué, a fin de no estandarizar y sí analizar el asunto desde su contexto, allegándose de los elementos que realmente den respuesta a un conflicto.”
En tanto, María Teresa Valdivia Dounce, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, destacó la importancia de reconocer a México como un país pluricultural, para lo cual es necesario acercarse a las comunidades para entender de manera casuística el desarrollo de cada una de ellas. Y es que, aseguró, existen comunidades en las que las mujeres aún se niegan a participar en los órganos de toma de decisiones.
Esta situación, dijo, es el principal reto a encontrar, particularmente cómo el reconocimiento político y jurídico se puede llevar a cabo, y por qué pese a la existencia de sentencias, éstas no se cumplen.
