Exhortan activistas a las nuevas autoridades federales y locales a dar atención prioritaria a la grave contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan.
Derivado del dictamen emitido en días pasados en la XII Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en conferencia de prensa el Centro Fray Julián Garcés se sumó a la solicitud hecha a las autoridades federales electas que encabeza Andrés Manuel López Obrador y a las locales de dar atención prioritaria a la crisis de la cuenca Atoyac-Zahuapan, garantizando la participación efectiva de los científicos comprometidos con la sociedad y de las comunidades afectadas en la deliberación y la toma de decisiones.
En este sentido el Centro Fray Julián Garcés representado por su directora Alejandra Méndez Serrano y otros activistas se pronunciaron también de acuerdo a dicho dictamen por la elaboración de una propuesta de Ley General de Aguas, en donde se reconozca la preminencia del derecho humano al agua y la preservación de las cuencas como unidad socio-territorial elemental sobre el uso mercantil y privado del agua.
Y exhortaron al grupo de empresas industriales que están contaminando las aguas del río Atoyac, a que se comprometan conjuntamente con la autoridad ambiental y las organizaciones civiles en el diseño y puesta en marcha de un plan de rehabilitación de la Cuenca del río Atoyac, y que las autoridades conozcan e incorporen la Propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades como un aporte a solución de la crisis ambiental y social en la cuenca.
También solicitan “al grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU, y al relator especial sobre las obligaciones de derechos humanos, relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos de la ONU, que realicen visitas especiales en la cuenca para verificar la actuación de la industria privada en el territorio de la cuenca Atoyac-Zahuapan”.
En este sentido, la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, el Consejo Ciudadano por la Dignificación de Ixtacuixtla, A.C. y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C., denunciaron que a más de un año de haber vencido el plazo para que las autoridades señaladas en la Recomendación 10/2017 de la CNDH, establecieran un mecanismo para que, en colaboración con las empresas contaminantes en la cuenca y las organizaciones de la sociedad civil que lo deseáramos, construyéramos juntos un Plan de Restauración Ecológica de la cuenca Atoyac-Zahuapan, no cumplieron.
Esto a pesar de que en marzo de 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), recomendó a autoridades federales, estatales y municipales lo mismo que recomendó el TLA en 2006, y de que todas las autoridades señaladas en la Recomendación 10/2017 aceptaron todos sus puntos recomendatorios, incluyendo el de conformar un mecanismo de diálogo con la sociedad civil para diseñar e implementar un Plan de saneamiento de la cuenca que efectivamente resolviera la crisis ambiental y de salud que vivimos.
Pero además, que restituyera a toda la población afectada el goce del ejercicio pleno de todos los derechos humanos que han sido violados, además del derecho al saneamiento del agua, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la información.
Asimismo, el jurado del TLA responsabiliza “al Estado mexicano, que al promover un modelo urbano, industrial y agroproductivo y extractivista que favorece el interés privado por encima del público, ha conllevado al deterioro de la calidad y cantidad del agua en los ríos, cuerpos de agua y acuíferos, con graves impactos en la salud humana, la producción de alimentos y la conservación de los ecosistemas y, como consecuencia, ha incumplido en sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos al agua y saneamiento, a la salud, a la alimentación, a la vivienda al medio ambiente y sobre todo ha afectado a los grupos sociales más vulnerables como son los pueblos indígenas y campesinos”, precisaron los activistas.
De hecho, indicaron: “desde que fue emitida la Recomendación de la CNDH, en marzo de 2017, el único esfuerzo serio de propuesta de una solución real a la crisis social y ambiental en la cuenca Atoyac-Zahuapan la hicimos las organizaciones que suscribimos, desde septiembre de 2017, la Propuesta comunitaria de saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades, la cual elaboramos a partir de un diálogo honesto con varias comunidades y grupos sociales de la cuenca”, enfatizaron.
