Falta de transparencia y autonomía ante la elección de la ombudsperson y el Consejo Consultivo de la CEDH Tlaxcala.
Desde organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales y locales
expresamos nuestro rechazo sobre el proceso que se desarrolló en el Congreso
Legislativo del Estado para la elección de la ombudsperson de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) para el periodo 2025-2029, donde se aprobó la
ratificación de Jakqueline Ordóñez Brasdefer, así como de la elección del Consejo
Consultivo, ya que no se cumplió con los estándares mínimos de transparencia
establecidos en el marco normativo, haciendo, una vez más, caso omiso a los más altos
estándares para este propósito como los Principios de París.
Toda vez que el procedimiento no garantizó en ningún momento los principios de
transparencia, participación ciudadana ni los más altos estándares para cubrir el perfil
para la presidencia, que requiere no solo de conocimiento técnico, sino que exige de una
cercanía con los contextos actuales que enfrentamos en el estado, sentido de
humanidad, principio de autonomía e imparcialidad.
Una vez más, sin importar la relación que existe con la gobernadora, así como la
Recomendación 47/2003 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su
contra, se reelige a una persona que no ha garantizado el funcionamiento conforme a la
ley de este organismo, sino que ha servido a los intereses de un gobierno indolente,
violento y de simulación; lo que aumenta las vulnerabilidades a las que nos enfrentamos
todos los días como ciudadanía.
Contar con figuras como la que hoy vuelve a asumir este cargo, no sólo coloca en riesgo
los derechos humanos de todas y todos, en un México donde las instituciones
constitucionalizan la vulneración de éstos, sino que se vuelve parte de la impunidad que
hoy gozan los agresores, violadores, tratantes, feminicidas, homicidas y funcionariado
público; al no contar con órganos autónomos locales que acompañen a las víctimas
ante la obstaculización, revictimización y omisión institucional.
Queremos traer a la memoria el desempeño de la Ombudsperson Jakqueline Ordóñez
Brasdefer y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) durante el periodo
2021-2025. Muchas de sus acciones fueron completamente de colusión, pasivas e
ineficaces y de indiferencia; las graves omisiones ante las violaciones a derechos
humanos de los diversos grupos, ha sido parte de la impunidad que vivimos:
1.Durante toda su administración del 2021 – 2025, no existió ningún pronunciamiento
respecto de las graves violaciones de los derechos de las mujeres, los feminicidios
ocurridos tuvieron un menor interés, así como de la problemática de las
desapariciones en el estado.
2.Para las manifestaciones del 8 de marzo del 2022 señaló que no hubo violencia,
catalogando a la manifestación como “pacífica”, negando el secuestro arbitrario a
una compañera y el uso de la fuerza policial a compañeras feministas el 16 de marzo
del 2022.
3.Se evidenció una clara colusión con las instituciones como la Secretaría de Gobierno, la
Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala (incluyendo en su momento a la Unidad de
Género) y a la Policía Estatal, colocando en riesgos graves a las mujeres, como resultó
con el feminicidio de Beatriz N. estudiante de la Escuela Normal Rural “Lic. Benito Juárez”
de Panotla, en octubre del 2022, donde a causa de la represión y el uso de gases
lacrimógenos la compañera falleció de muerte cerebral.
4.En junio de 2023, durante una reunión convocada exclusivamente entre las Embajadas
integrantes de la Mesa de Cooperación Internacional para la Igualdad de Género en
México de ONU Mujeres y organizaciones de sociedad civil de Tlaxcala, con el fin de
compartir el contexto de violencia contras las mujeres y niñas; al llegar al lugar de
reunión, se encontraban Jakqueline Ordoñez y la titular del entonces Instituto Estatal de
las Mujeres, al hacer mención que sería una reunión únicamente con OSC´s la titular del
IEM se retiró respetando el espacio, sin embargo, la titular de la CEDH no aceptó salir de
dicha reunión, argumentando que era un espacio de escucha y que “tomaría nota de las
necesidades que expresamos”; no obstante, ordenó a su equipo de comunicación que
estuviera tomando fotografías en todo momento, a pesar del acuerdo previo de que
nadie podría tomar evidencia de esta reunión y pese haberle solicitado en diversas
ocasiones que por favor respetara los acuerdos, no lo hizo, constituyendo una forma de
intimidación.
5.Durante el trascurso del 2023, 2024 hasta abril del 2025 no se acercó a brindar
acompañamiento a Keren Ordoñez, víctima de tortura y tortura sexual por parte de
agentes federales y estatales en 2015, detenida por un delito que no cometió y por el cual
estuvo encarcela injustamente durante casi 10 años en el CERESO de Apizaco; durante las
acciones convocadas por organizaciones de sociedad civil locales y el Centro ProDH,
organización que acompañó jurídicamente a Keren, no se contó con su participación o
pronunciamiento al respecto, ni de ningún integrante del Consejo Consultivo, quienes sí
asistieron a muchos eventos públicos institucionales en representación de la
ombudsperson, pero ante situaciones donde las víctimas requirieron acompañamiento,
la respuesta siempre fue negativa. Después de haber logrado la liberación de Keren en
abril de 2025 gracias al acompañamiento del Centro ProDH, se pronunció por brindar
acompañamiento, lo que evidencia la utilización de estos casos para fines políticos.
6.Ante las distintas simulaciones que la CEDH, Jakqueline Ordóñez Brasdefer en conjunto
con la CEDH de Hidalgo, se burlaron de la situación de vulnerabilidad de los migrantes, al
“experimentar” entrar a una casa de campaña para ver que se sentía vivir en ella.
Cuando se tienen las intenciones de beneficiar a la población migrante, se hace a través
de acciones directas en beneficio de su libertad y dignidad, sin embargo, al no contar
con esos recursos recurren actos de simulación.
7.En abril del 2025 tras hechos de violencia, secuestro y robos en el estado, distintas
comunidades del estado de Tlaxcala han buscado la justicia propia a falta de la acción
por parte de las autoridades municipales y estatales, ante esto la CEDH se ha
pronunciado en contra de los linchamientos y de los mecanismos de justicia de dichas
comunidades, mientras que su postura ante las represiones a diferentes movimientos
sociales es omisa, manteniendo silencio al incremento de violencia como robos,
secuestros, desapariciones, violencia sexual, feminicidios, homicidios en el estado, pero
manteniendo relaciones políticas de conveniencia con el gobierno de Lorena Cuellar
Cisneros, asistiendo a las “Sesiones Ordinarias del Consejo Estatal de Seguridad”.
A pesar de la evidente incapacidad y falta de compromiso por vigilar el actuar de las
instituciones para la garantía de los derechos humanos, la CEDHT se ha convertido en un ente
que ha legitimado el abuso del poder, la impunidad, las acciones de omisión y la violencia con
que la operan las autoridades de este gobierno.
Por lo que exigimos:
1.A las diputadas y diputados que hagan pública la metodología y criterios utilizados para la
evaluación a las personas participantes para la elección de la titular y del Consejo
Consultivo que respondan con elementos de idoneidad y perfiles especializados;
cumpliendo con los principios de máxima transparencia, participación ciudadana y
rendición de cuentas.
2.Que la CEDHT presente un programa integral que responda a una agenda clara para la
protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos de
todos los grupos que han sido vulnerados en el estado y que no han recibido respuesta
tampoco por este organismo, con la participación amplia de colectivas, organizaciones de
sociedad civil, defensoras/es de derechos humanos y periodistas y no de forma selectiva a
conveniencia.
3.Que el presupuesto sea designado con base en las necesidades que actualmente se viven
en materia de derechos humanos, que sea utilizado eficiente eficazmente con fines para la
garantía y protección de éstos, y no para embellecer un edificio que sólo alberga a
personas servidoras públicas.
4.Que dé seguimiento a las Recomendaciones emitidas por este organismo, así como las
realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez que debe coadyuvar
en su observancia y cumplimiento para la protección de los derechos humanos en el
estado.
5.Que se establezca un mecanismo de vigilancia ciudadana efectivo, con participación de
colectivos, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, que dé
seguimiento puntual al desempeño de quién ocupe la titularidad de la CEDHT, de su
Consejo Consultivo y de todo el organismo autónomo.
6.Que se reconozca y garantice la verdadera autonomía e independencia de la CEDHT, para
que cumpla con su función de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de
todas las personas, especialmente de las vulnerables, sin interferencias políticas ni
partidistas.
7.Es fundamental que la CEDHT se constituya como un organismo donde se garantice el
ejercicio pleno del derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, y asegure el derecho
a una buena administración pública. Garantizar estos derechos es esencial para crear un
entorno centrado en las personas, en el que la justicia, la equidad y el bienestar de la
ciudadanía sean prioritarios y se protejan de manera efectiva».
Estas designaciones, desde la perspectiva de derechos humanos:
Impide el avance ante el debilitamiento de este organismo, al no elegir a la persona idónea
que favorezca en la emisión de recomendaciones ante violaciones de derechos humanos
o que actúe frente a iniciativas que vulneren los derechos humanos desde las instituciones
estatales y municipales.
Ignoran los múltiples señalamientos a la CEDHT de su actuar con opacidad, falta de
independencia, parcialidad, simulación, colusión, indiferencia e inacción frente a
violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades estatales y municipales,
particularmente hacia mujeres, niñas y personas de la Comunidad LGBTIQ+.
Socavan la confianza en las legisladoras que accedieron por acciones afirmativas,
cuya función debería ser representar con dignidad, autonomía y compromiso a las
voces de mujeres y la Comunidad LGBTIQ+, y velar por los derechos humanos de las
mismas, sin subordinación. Les pedimos recordar que la representación mediante
acciones afirmativas es una responsabilidad política y social que no puede ni debe
traicionarse. La defensa, justicia y dignidad siempre deben estar por encima de los
intereses y compromisos particulares.
Envían un mensaje desalentador a las víctimas y a las organizaciones defensoras de
derechos humanos: que los pactos partidistas, el cálculo y compromiso político
pesan más que la justicia, la verdad y la dignidad.
Expresamos nuestro total rechazo al actuar de las autoridades en la reelección de
Jakqueline Ordóñez Brasdefer, que responde a intereses políticos y de grupos
partidarios y no en atención del contexto de violaciones constantes a nuestros
derechos humanos.
Atentamente:
Defensoras y defensores de derechos humanos autoconvocados
Arthemisas por la Equidad, A.C.
Casa Cultural Tochantsin
Colectivx Diversidad
Colectiva Medusas Sufragistas
Colectivo Mujer y Utopía
Designaciones Públicas. Observatorio Ciudadano
Escenario Tlaxcala
Justicia Pro Persona, A.C.
Malinalli Espacio Común
Maya sin Fronteras A.C.
Mujeres Libres COLEM, A.C.
Red de Víctimas de Tlaxcala
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes
Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (SEIINAC)
Yureni A.C.
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