LA NO RATIFICACIÓN DE HÉCTOR MALDONADO BONILLA SE BASÓ EN OPINIONES SIN PRUEBAS: MANUEL CAMBRÓN
- Lo que abriga la posibilidad de judicializar la negativa de la ratificación y pone en un muy mal precedente a este Congreso del Estado, expresó el diputado del PRD.
Generación Press (Enrioque Gasga); Tlaxcala; Tlax., a 14 de abril de 2022.- Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado de esta semana en la que se aprobó el dictamen que propuso que no es procedente ratificar como Magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) a Héctor Maldonado Bonilla; el diputado Manuel Cambrón Soria acusó a la Comisión Especial que presentó dicho dictamen de basarse en opiniones sin pruebas, en notas de periódico y procedimientos que aún no concluyen, y no en una evaluación objetiva y profesional, lo que abriga la posibilidad de judicializar la negativa de la ratificación y pone en un muy mal precedente a este Congreso del Estado.
En su intervención en que Cambrón Soria manifestó sus motivos para votar contra la no ratificación, señaló: «El dictamen que emite la Comisión Especial no está debidamente fundado; no puede basarse en opiniones muy específicas que no tienen sustento, sino en pruebas objetivas uy fundamentadas con la necesaria documentación y motivación.
«En ninguna parte se señala del dictamen dado a conocer ni tampoco se ha hecho durante todo el procedimiento sobre cuál es el texto de la constitución local que se aplica en esta evaluación; si el vigente al momento de la designación del Magistrado frente a la reforma de 2021 o el posterior; lo correcto naturalmente es aplicar el texto vigente que es el artículo 54 fracción 27», estableció.
El legislador del PRD, expuso que el Magistrado Héctor Maldonado presentó un informe de su actuar avalado por el Poder Judicial Federal, pero no fue debidamente valorado.
«El Magistrado evaluado, rindió un informe pormenorizado al Congreso del Estado de Tlaxcala y al Pleno del Tribunal desde que entró en funciones en 2016; pero además el pasado viernes frente a la Comisión Especial presentó un informe exhaustivo y detallado sobre su trabajo que además fue avalado por el Poder Judicial Federal, y esa valoración y esos informes que presentó el Magistrado en el dictamen no son debidamente valorados», manifestó.
Manuel Cambrón explicó además que la Comisión Especial recibió información de múltiples dependencias de las que se desprende que el Magistrado no tiene, a la fecha, antecedentes penales, no ha sido inhabilitado para desempeñar cargos públicos, no tiene queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni en la comisión nacional, no tiene nada pendiente en cuestión de cuenta pública ni de solventación de observaciones, indicó.
Precisó además: «La información con que se cuenta respecto a la denuncia que ha sido presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, además de ser anónima y encontrarse en etapa inicial de integración, se relaciona con los temas de las cuentas públicas que este congreso en la LXIII Legislatura aprobó en 2018 y 2019 y a las observaciones del órgano de Fiscalización que como se dijo, ya fueron motivo de investigación, y ya fueron solventadas.
«En cuanto a la opinión del Consejo de la Judicatura del Estado, legalmente no pueden tomarse como referente para sustentar un dictamen de no ratificación, pues nuestra constitución local en el artículo 54 fracción 27 a partir de la reforma de 2017 no lo considera como vinculante», apuntó.
Además señaló que parte del dictamen presentado durante la sesión fue omitida en su lectura: «Respecto a la opinión de cinco abogados y litigantes que vienen en el dictamen y fueron suprimidos en la lectura de la página 23 a la 27, de la 24 a la 27, no se leyó completo el dictamen que se nos circuló a todos los diputados; es subjetiva porque presenta como elementos de prueba notas periodísticas, y mis compañeros abogados saben que las notas periodísticas no tienen valor probatorio», estableció.
Y dijo que aunque en el dictamen se determina que en esas opiniones no inciden sobre su desempeño, en cambio si se refiere que han dañado su reputación; por lo cual, la comisión dictaminadora deja de actuar con objetividad e imparcialidad.
«Se trata más bien de una decisión política y no de una valoración sobre su desempeño jurisdiccional; hizo falta una evaluación más objetiva y profesional», señaló.
Finalmente, subrayó: «es claro que si la determinación que se tome por esta Soberanía desconoce todo lo anterior, estaríamos ante una flagrante violación de los derechos humanos y de las garantías que tiene el evaluado como juzgador y que además no existen desde un ámbito de los tratados internacionales y de la Constitución Federal, lo que abriga la posibilidad de judicializar la negativa de la ratificación y pone en un muy mal precedente a este Congreso del Estado», concluyó.
