Los derechos en la arena política.

Por: Mireya Flores Santillán

Premio Estatal de Ensayo 2023

En estos días, más que en otros, ha sido mucho más común escuchar que se hable de temas sociales que son preocupantes de por sí. Y es que los tiempos de campañas electorales siempre son perfectos para darse cuenta de la maleabilidad que tienen las palabras. Porque, más allá de las propuestas y las toneladas de publicidad, lo que realmente se pone en juego es el discurso, el control de la narrativa. Tan sólo notemos cuán atentos estamos a ver qué candidato se equivoca durante un mitin, para poder hacer memes de ello. Pero, más bien, esta sobrada atención a las palabras de los candidatos tendría que ayudarnos a discernir entre las propuestas sólidas y la retórica vacía.

            Estos malabarismos con el discurso de los que hablo podemos verlos en los debates, en los mítines y en cualquier otro lugar donde se defiendan determinadas propuestas de campaña. En éstos se pretende posicionar un discurso por encima de cualquier relación que tengan con la realidad. Se juega con la ambigüedad y la polisemia natural de las palabras. Se cuentan verdades a medias, o, deliberadamente, se niegan. Esto suele pasar siempre que se tocan temas tan cruciales para la población, como la vivienda, la seguridad, el agua, el transporte, la educación o la salud, por mencionar algunos. Siempre acompañados de su respectivo “derecho a…”.

            Si nos fijamos con atención, podremos ver que en tiempos electorales muchísimas cosas son susceptibles de convertirse en un derecho. Tan sólo hace unos años hubo un partido político que empezó a hablar del “derecho a la alegría”. Pero ¿qué implica que un derecho sea tal? Si consultamos el diccionario de la Real Academia Española, encontraremos que, entre las más de veinte definiciones que da de “derecho”, está: “facultades y obligaciones que derivan del estado de una persona, o de sus relaciones con respecto a otras”. Aunque sigue siendo una definición bastante ambigua, notemos que se habla de obligaciones. Esto es algo que, incluso, recuerdo que nos enseñaban en la primaria, pero tengo la impresión de que en muchos discursos políticos suelen olvidar esta parte cada vez que hablan de derechos. Tal vez porque decirles a las personas que deben tomar una responsabilidad no es algo que atraiga a muchos prosélitos.

Cuando se trata de Derechos Humanos es mucho más sencillo pensar en qué términos se habla de las obligaciones, pues con éstos se trata de preservar la dignidad humana. Y para garantizar esto el Estado (se supone) tiene la facultad y la infraestructura. Pero, cuando se trata de recursos naturales o necesidades básicas, hablar de derechos sin obligaciones se convierte en un puro acto de retórica. Es decir, se habla de “derecho a la vivienda” o “derecho al agua”, lo cual suena muy lindo en el discurso, pero ¿cómo es que pueden garantizarse efectivamente? ¿O es que no es posible, pero decirlo atrae muchos votos?

Pensemos que el matiz entre hablar de Derechos Humanos y el acceso a servicios se encuentra en la calidad. El primer caso tiene que ver directamente con la dignidad humana; es decir, que se exige calidad en el trato a las personas. En cambio, cuando se habla de derechos en términos de acceso a determinados servicios, lo último que importa es la calidad, puesto que se piensa sólo en términos cuantitativos; pasar de no tener agua a tener. Esto, por supuesto, deja la calidad del servicio en último término: la calidad del agua, la calidad del servicio de salud pública, de la educación pública, de la vivienda… El chiste es simplemente garantizar el acceso. Todo esto implica también dejar en último término la libertad de elección y la satisfacción que sobreviene al recibir un servicio: como estudiar en la escuela que uno quiera, ir al hospital que uno prefiera o construir la casa tal cual uno la piensa.

Viendo el tipo de atención que mayormente se recibe en los servicios de salud pública y la cantidad de vivienda social sumida en la delincuencia y en la marginación, debemos preguntarnos ¿vale la pena que la libertad y la satisfacción queden soterradas en pos de la garantía de acceso a un servicio? ¿Es mejor tener algo a no tener nada? O, por el contrario, ¿tener un mal servicio es como no tenerlo?

Hablar de “derechos”, sin más, queda bien para un discurso poético sobre humanismo, pero en la política es necesario hablar de derechos en términos prácticos. Necesitamos atender necesidades básicas con posibilidades de elegir su calidad. Desde luego esto requiere de una mejoría en el ámbito económico, el cual todavía tiene muchísimas trabas de las que liberarse. Pero un primer paso es pensar si acaso hay otras formas en las cuales sea posible acceder a mejores servicios de mejor precio y con la menor cantidad de desperdicio. Mientras tanto, no perdamos de vista que los derechos tienen una importancia vital dentro de una sociedad, como para que los políticos tergiversen su sentido sólo para endulzarnos los oídos.

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