Marco Mena deberá entregar recursos pendientes a la UAT; así como al programa de uniformes escolares, entre otros, según Ley de Austeridad.
Tlaxcala, Tlax., (Enrique Gasga).- Luego que en los últimos días de diciembre el Congreso del Estado aprobó en sesiones extraordinarias la creación de la Ley de Austeridad, Racionalidad, Probidad y Disciplina en el Manejo del Presupuesto Público del Estado de Tlaxcala; así como adecuaciones a diversas disposiciones al Código Financiero para el Estado; en un comunicado el Ejecutivo estatal informó que regresó ambos decretos al Congreso con observaciones debido a que en su opinión transgreden la Constitución en aspectos como la división de poderes, donde el Legislativo invade facultades del Ejecutivo.
Y es que si bien, diputados que impulsaron dichos decretos auto asignan al legislativo mayores facultades de fiscalización de recursos sobre el Ejecutivo; y se asignan mayores recursos públicos pese a la Ley de Austeridad que ellos mismos impulsaron y aprobaron unas horas antes de aprobar el presupuesto de egresos 2019.
En la Ley de Austeridad establecen que con ella se busca acabar con las prácticas de corrupción; así como crear los mecanismos jurídicos necesarios para aplicar correctamente el gasto público, con la firme intención y objetivo de no suprimir ningún programa social, y vigilando que dichos recursos se apliquen con transparencia.
En este sentido, cabe destacar que el Gobierno de Marco Mena no ha entregado los recursos que adeuda a la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), y que, con los que le dejó de entregar su antecesor Mariano González a esta institución educativa, suman más de 300 millones de pesos la deuda adquirida con la UAT.
Otro recurso que no se ha entregado es el de los uniformes escolares que por Ley el Gobierno del estado está obligado a entregar; pero no lo ha realizado.
El hecho es que el Congreso del Estado puede, o no tomar en cuenta las observaciones presentadas por el Ejecutivo; o simplemente votar ratificando dichos decretos, y sin cambios publicarse para su aplicación; que de cumplirse como quedó establecido en la nueva Ley el Gobierno del Estado estaría obligado a entregar y transparentar los recursos asignados por ley a dichos rubros, y otros programas que legalmente están establecidos y no hayan recibido sus recursos.
