Nueva Ley de Fiscalización será motivo de impugnaciones por su discrecionalidad e irregularidades, señaló la diputada Laura Yamili Flores.
Tlaxcala, Tlax., (Enrique Gasga).- Luego de la aprobación de la polémica nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Tlaxcala, la diputada Laura Yamili Flores Lozano manifestó en forma de dura crítica, que con esta ley se está otorgando un poder excesivo y sin control al Órgano de Fiscalización Superior (OFS), y donde se exacerban los vicios que se han mantenido en el mismo; además de que por su discrecionalidad, y falta de seguridad jurídica para los entes fiscalizables, esto seguramente será motivo de impugnaciones por parte de los mismos.
“Con esta nueva ley de fiscalización se otorga a su titular un excesivo poder sin ningún tipo de control efectivo ni contrapeso, que la convierten, de facto, en un Cuarto Poder en nuestro Estado, ya que dicha norma no establece mecanismos de control y rendición de cuentas efectivos para el ÓFS.
“De igual forma, esta Ley de Fiscalización, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2020, mantiene los vicios que han sido señalados de manera reiterada por centros de investigación y de estudios de presencia nacional, vicios que se resumen a continuación”, señaló:
- El OFS no tendrá la obligación de publicar su programa anual de auditorías
- De nueva cuenta, está nueva La ley de fiscalización superior no establece un procedimiento claro y completo para realizar las auditorías, sino todo lo contrario, el procedimiento que se establece es discrecional que propiciara actos arbitrarios y de corrupción.
- En cuanto a la metodología, lineamientos y criterios de fiscalización, de emisión de observaciones y solventaciones, la nueva Ley no obliga al OFS a publicarlos en el Periódico Oficial, con lo se deja en incertidumbre jurídica a los entes fiscalizables, pues quedara a criterio de los auditores del OFS la forma en que se ejecutaran las auditorias, se emitirán las observaciones y se solventaran las mismas, y.
- No se obliga al OFS a publicar su presupuesto desglosado por rubro y unidad, ni a rendir informes sobre su ejercicio.
La diputada expresó además que los establecido en esta nueva ley va en contra de los principios del Sistema Nacional de Fiscalización creado por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Estas deficiencias en la nueva Ley de Fiscalización de nuestro Estado van en contra de los principios que rigen el Sistema Nacional de Fiscalización, sistema creado por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y que aglutina a todos los órganos encargados de fiscalizar el gasto público en México, el cual tiene como propósito homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización, de acuerdo al 42 de la citada Ley, que literalmente ordena lo siguiente:
“Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Artículo 42. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización deberán homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización”, expuso.
Así mismo la legisladora local criticó el hecho de que no se haya tomado en cuenta la iniciativa de Ley de Fiscalización para el Estado de Tlaxcala existente desde el 23 de octubre de 2018, y la cual se mandó a la congeladora, dijo, “a pesar de que en su elaboración se escuchó los puntos de vista de los entes fiscalizables, ya que establecía mejores mecanismos de control y vigilancia a la actuación del OFS, claridad y legalidad en el procedimiento de fiscalización, otorgando seguridad jurídica a los servidores públicos de los entes públicos, en todas la etapas del proceso de fiscalización de la cuenta pública”, señaló.
Lo anterior será motivo, dijo la diputada Flores Lozano, de impugnaciones judiciales. “Quiero dejar muy en claro el punto anterior porque seguramente la nueva Ley de Fiscalización que este Congreso acaba de aprobar, será motivo de observaciones y cuestionamientos por parte de los funcionarios públicos obligados a cumplirla, por no haber sido escuchados ni tomados en cuenta en el proceso de dictaminación, pero sobre todo, porque seguramente, esta nueva norma será motivo de impugnaciones judiciales por parte de los entes fiscalizables”, sentenció.
Y terminó su exposición desde la tribuna del congreso local diciendo que con esta nueva ley en lugar de combatir la corrupción, se hace lo contrario, “en lugar de abonar para el combate a la corrupción en nuestro Estado, se institucionaliza y formaliza la corrupción en el ente público encargado solo en el papel, de combatirla: el Órgano de Fiscalización Superior”, concluyó.
