Pese a que que el Gobierno estatal no la ha cumplido; presentan en el Congreso local modificaciones a la Ley de Uniformes Escolares Gratuitos.
- Proponen crear Comisión Especial de Armonización Legislativa.
En la sesión extraordinaria de este miércoles, la legisladora Luz Guadalupe Mata Lara, dio a conocer al Pleno la iniciativa para reformar diversos preceptos de la Ley de Uniformes Escolares Gratuitos para Alumnas y Alumnos de Educación Básica del Estado de Tlaxcala, con el objeto de que los niños y las niñas de las escuelas públicas en los niveles de educación básica, reciban de forma gratuita del Gobierno del Estado, por conducto de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (Uset), y la Secretaría de Educación Pública (SEP), uniformes escolares gratuitos que consisten en falda/pantalón, blusa/camisa, suéter, calcetas/calcetines, así como ropa deportiva.
La entrega de los mismos, dijo, se realizará al momento de la distribución de los libros de texto gratuitos, y deberá cumplir a partir del ciclo escolar 2018-2019 en adelante; con lo que se apoyará la economía de las familias tlaxcaltecas.
Por otra parte, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado turnó a la Junta de Coordinación y Concertación Política de la LXIII Legislatura Local, la iniciativa presentada por el Diputado José Luis Garrido Cruz, por la que propuso crear una comisión especial que se encargue de verificar y armonizar las disposiciones legales locales con las federales.
Apuntó que la Comisión que entrará en vigor tan luego se apruebe el acuerdo y que concluirá hasta el término de la legislatura, se encargará de hacer compatibles las normas jurídicas federales con las locales y de tener al día las pretensiones de los congresistas federales.
Subrayó que al contar con esa nueva comisión, la entidad tendrá un enlace y un vínculo directo entre los legisladores federales y estatales, para garantizar validez a los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad, tal y como lo establece la ley.
Asimismo, señaló que el ejercicio de armonización legislativa, no debe ser considerado como una simple actividad optativa para las entidades federativas, sino como un deber jurídico, por lo que el incumplimiento u omisión de dicha obligación, representa para la mayoría de los casos una responsabilidad para las legislaturas locales.
