Regulaciones, ¿para qué?

Por: Mireya Flores Santillán

Premio estatal de ensayo.

Hace casi un mes se popularizó la noticia de que varios grupos de repartidores por aplicación se manifestaron en algunas ciudades del país para exigir que la Ley Federal de Trabajo también los incluyera en sus prestaciones. El propósito de todo esto era obtener acceso a derechos laborales como créditos del Infonavit y seguro social. Sin embargo, la respuesta del gobierno ha desatado una discusión que pone en crisis las ideas más populares de lo que se hace llamar “pensamiento de izquierda” y “pensamiento de derecha”.

            El pasado 16 de octubre, sólo dos días después de que los repartidores por aplicación se manifestaran en las calles, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer, junto con Marath Bolaños López, secretario del trabajo y previsión social, una iniciativa de ley que pretende otorgarles las prestaciones mencionadas. No obstante, el 17 de octubre, el grupo Repartidores Unidos de México emitió un comunicado en el que declaran que la iniciativa propuesta es un engaño. En tal documento se puede leer: “la «subordinación discontinua» que propone el gobierno, es una sentencia de muerte para nuestra capacidad de mantener a nuestras familias y para nuestra independencia”.

            Dicha iniciativa menciona que los repartidores por aplicación habrían aceptado trabajar bajo un esquema de “subordinación discontinua”. Esto significa que, aunque los trabajadores pueden seguir eligiendo sus horarios de trabajo, deben mantener una relación entre patrón y trabajador, lo cual implicaría cambiar su régimen fiscal al de “asalariados”, y en consecuencia, tener que pagar más impuestos. Por lo tanto, los repartidores exigen que se consideren dos esquemas de trabajo: subordinados e independientes, ya que éstos les ofrecerían la oportunidad de elegir entre trabajar de repartidores como una principal fuente de trabajo, o hacerlo para complementar su empleo principal. Es así que el pasado 30 de octubre varios repartidores por aplicación volvieron a manifestarse, pero esta vez frente a la Cámara de Diputados, para llamar de nuevo al diálogo y que se reconsideraran sus peticiones.

            Todo lo anterior pone sobre la mesa una serie de cuestionamientos a las medidas gubernamentales con que hasta ahora se han controlado las dinámicas de mercado. Las más sonadas en los años recientes han sido las regulaciones a la vivienda y a la aplicación de hospedaje Airbnb, aunque en realidad es algo que lleva décadas haciéndose. Quizá sea por esto que hoy en día sigue siendo tan popular la creencia en que las regulaciones aseguran el bienestar de los usuarios y que, efectivamente, garantizan una competencia económica más justa. Aun cuando el grueso de las personas no tengamos una idea clara de en qué consiste realmente llevar a cabo una regulación.

            El caso de los repartidores por aplicación evidencia de manera contundente las implicaciones que tiene aplicar regulaciones a cualquier conflicto que suponga dinero de por medio. La protesta de aquéllos exigía mejores condiciones de trabajo, pero la opción legal que se les ofreció en realidad las empeoraba, porque, además de hacerles pagar más impuestos de los que ya pagan, les daba la ilusión de tener un servicio de salud eficiente; el cual está, por muchas razones, lejos de serlo.

            De esta forma se evidencia cómo las medidas regulatorias no se aplican sin consecuencias económicas en las empresas de aplicaciones, cuyas condiciones de trabajo pretendían, precisamente, ser una opción frente a las del sector público. Regular implica imponer más reglamentos y requisitos que, para poder ser cumplidos, requieren de más presupuesto; un presupuesto que, finalmente, repercute en los sueldos de los trabajadores y los precios que pagan los clientes.

            Así, el dinero que se obtiene de las regulaciones de los negocios privados termina en el erario, sin que realmente se vea reflejado en la eficiencia de los servicios básicos de salud y seguridad, por ejemplo. Por tal razón, para el gobierno no representa problema alguno imponer regulaciones a las iniciativas privadas. Al contrario, representa un ingreso extra. Eso explica la velocidad con que la iniciativa de ley se presentó para responder a las exigencias de los repartidores por aplicación.

            Con todo ello se puede ver cómo decimos muy poco cuando hablamos de “justicia laboral” en relación con las medidas regulatorias; cómo las regulaciones son, más bien, una ilusión de garantía y cómo representan un mayor costo para los trabajadores. De tal forma, hace falta preguntarse si de verdad regular sirve de algo; si realmente son medidas que protejan la experiencia de las personas y si no significan, más bien, una complicación más a los problemas económicos que hoy enfrentamos y que vemos reflejados en la crisis de la vivienda, de la salud o de la educación en el país. Hace falta cuestionar, fuera de nuestros preceptos clásicos de “izquierda” y “derecha” (que cada vez pierden más sentido), para pensar en soluciones a una realidad que día con día se vuelve más compleja.

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