Revocación de mandato: la pugna entre instituciones e intereses de partidos.
Por Liliana Becerril Rojas
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En las noticias resuena un asunto que ya viene planteándose desde hace tres años y es la “revocación de mandato”, una figura democrática en la que la ciudadanía tiene la posibilidad de exigir que un funcionario público, que haya llegado al poder mediante la elección popular, renuncie a su cargo por una gestión deficiente o porque no refleje la voluntad del pueblo.
Sin duda, es un recurso necesario, más su ejercicio requiere de una madurez social, pues su objetivo es brindar certeza al destino nacional y no solo beneficiar a intereses de grupos o de partidos.
La pregunta que habría que plantearse al respecto es ¿qué tan preparados estamos los mexicanos para ejercer ese recurso si la sola idea de hacer una consulta popular al respecto ha generado un fuerte conflicto?
La duda no surge en razón de la ciudadanía, sino sobre las instituciones involucradas: el Instituto Nacional Electoral (INE), el poder ejecutivo representado por Andrés Manuel López Obrador, la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN).
Es necesario recordar que una de las principales promesas de campaña de AMLO fue la revocación de mandato, como una forma de avanzar en la democratización de México.
Sin embargo, ya siendo presidente encontró resistencia por parte del INE, no solo acerca de la realización de esta consulta, bajo argumentos de tipo formal —la normatividad jurídica y legal de este organismo autónomo no contemplaba la consulta popular que solicita el presidente— sino porque sus integrantes se han amparado para no acatar el decreto presidencial de que ningún funcionario público perciba sueldos superiores al del Ejecutivo.
Es decir, hay un claro desencuentro que ha llevado el conflicto ante la Cámara de Diputados para legitimar la consulta pública e involucrar a la Suprema Corte de Justicia Nacional para exigir al INE el cumplimiento de sus obligaciones electorales; pero el obstáculo que esgrime Lorenzo Córdova, como titular del organismo, es la falta de recursos para la realización de esta consulta pública, pues asegura que se requiere un monto extraordinario de 1,499 millones de pesos; una suma que resulta exorbitante si se contempla desde el prisma de la austeridad que promueve en su discurso AMLO, pero indispensable, según lo que señala el INE.
El mandato de la SCJN al respecto es que el Instituto Nacional Electoral lleve a cabo la consulta con los recursos existentes, siempre garantizando la certeza del ejercicio y la confiabilidad de sus resultados.
Lo cierto es que detrás de este conflicto entre instituciones hay intereses partidarios, pues los consejeros del INE, si bien deben ser ciudadanos con una intachable honorabilidad, es sabido que representan a los principales partidos políticos mexicanos y a sus intereses de grupo, lo mismo que sucede en la Cámara de Diputados, de igual manera, el Ejecutivo procura la protección de prioridades partidarias.
Es decir, el objetivo primigenio de la democracia, respetar la voluntad popular, queda fuera de esta pugna: el propósito es mantener la supremacía de los partidos por encima de las necesidades de los gobernados. Eso explica los fuertes desencuentros que lucen irreconciliables.
¿Qué haremos los ciudadanos? Por lo pronto, entender que el combate que vemos en la arena política no tiene nada que ver con nuestra democratización, sino con el poder que da el Poder.
