Tras manifestación; la PGJE informa que recibió una comisión de defensoras de derechos de las mujeres.
Tlaxcala; Tlax., 20 de septiembre de 2021.- Luego de que este fin de semana activistas y familiares de mujeres víctimas de feminicidio y de personas desaparecidas del estado de Tlaxcala llevaron a cabo una manifestación en las Escalinatas de los Héroes en la capital del estado donde denunciaron serias deficiencias en el trabajo que ha realizado la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), exigieron a las actuales autoridades justicia ante estos delitos y castigo ejemplar para los agresores.
Al respecto y mediante un comunicado, la PGJE manifestó haber atendido «de manera personal a activistas que este fin de semana realizaron una manifestación pacífica en las Escalinatas de los Héroes de la ciudad de Tlaxcala».
Así mismo, según el comunicado establece que:
«La procuradora del Estado, Ernestina Carro Roldán, recibió a una comisión de personas defensoras de los derechos de las mujeres, a quienes les aseguró que los casos van a ser investigados para garantizar que no haya impunidad.
«Con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Tlaxcala, la titular de la PGJE afirmó que va a priorizar las investigaciones que tengan que ver con la desaparición de mujeres o feminicidios.
«Destacó que la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, ha girado instrucciones a la institución para que este tipo de delitos se atiendan de manera inmediata, ya que la justicia para las mujeres es una prioridad en las políticas públicas de la actual administración.
«Afirmó que uno de los compromisos de la titular del Ejecutivo es dar prioridad a los casos de violencia de género, por lo cual ha instruido a la Procuradora a que atienda este tema con prontitud», se explica en el documento.
Cabe mencionar que entre las peticiones de las activistas, no sólo está que se brinde una atención pronta y expedita a las denuncias de estos delitos; sino que se tipifique adecuadamente el delito de feminicidio y que sean dados de baja servidores públicos que no han cumplido con su trabajo de procuración de justicia.
